YPF

Por Mariano Fernández

marianoobservador@gmail.com

 

1.    Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2.    Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Articulo 128, Constitución Española

“Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa extranjera porque eso nos convertiría en un país de quinta división”.

Este no es ningún dirigente tercermundista de corte nacionalista. Esta declaración pertenece a Mariano Rajoy, es del año 2008, cuando Repsol estaba por vender parte de su paquete accionario a una petrolera rusa. Es llamativo por dos cosas: por un lado Rajoy hoy cambió su postura radicalmente, con respecto a los hidrocarburos; y por otro, España no posee en su territorio un metro cubico de gas, ni un barril de petróleo, como para animarse a utilizar el posesivo “nuestro”. Nadie resiste un archivo, no descubrimos nada con eso. Que la expropiación de YPF ha levantado polvareda, tampoco es un hallazgo. Para analizar la medida, y ser lo más objetivos que nuestras preconcepciones ideológicas nos permitan, tenemos que confiar en los números, los fríos números. YPF S.E. (Sociedad del Estado) era capaz de autoabastecer el mercado interno, uno menor en rigor a la verdad, pero muy lejos de los 9000 millones de dólares de déficit anual en materia de importación de hidrocarburos que arroja hoy la balanza de YPF S.A. (sociedad anónima, recuerde esto). El costo de producción del petróleo ronda los 16 dólares el barril. El precio en el mercado es de 102 billetes verdes. La ganancia es tan pasmosa que a lo único que podemos atribuir la falta de inversión de Repsol en tecnología, prospecciones, aumento de la productividad,  etc., es al desinterés. Desde lo jurídico, el incumplimiento en materia de inversión y otras, hace que la concesión caduque y “al caducar la concesión, la misma revierte plenamente al Estado” (así dice la ley vigente sobre la privatización de YPF).

Ahora, el segundo análisis: ¿revierte realmente al Estado? ¿Qué sucederá con YPF? Ojeando diarios de tirada nacional, leemos en un intento de demonizar el accionar gubernamental, la palabra “estatización”. Y si hacemos lo propio con medios más afines al gobierno nacional, y al gobierno nacional mismo, vemos negar enfáticamente que se trate de una estatización. Estatizar, sería entonces, la palabra prohibida. Nada más lejano de la situación de la petrolera. YPF seguirá siendo una Sociedad Anónima. Cotizará en bolsa, tendrá dueños, y reza en el proyecto de ley en sus artículos 15 y 16 que YPF será una sociedad anónima abierta: “acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas, y a la concertación de alianzas estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”. Más de lo mismo. En cuanto a indemnizar a Repsol, de comprobarse que se incumplió el contrato, sería un error muy caro.

Al que le preocupa que el Estado “se quede” con la empresa, tranquilícese, eso no es lo que está en los planes. Ya hubo reuniones del gobierno con Exxon, Chevron y otras. Y al que tenía una esperanza de que eso suceda, manténgala, el debate está abierto en la sociedad argentina y eso puede condicionar el escenario. En los pozos petroleros de nuestra Patagonia, los obreros discuten sobre la participación en las decisiones de la empresa, sobre “estatizarlas a todas” y control obrero en la producción. Asústese o anímese, según corresponda. Un amigo me dejó una frase de un ilustre argentino para ilustrar la situación: “A aquellos argentinos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”. A todos nos vale, la máxima de Don José de San Martín.