Ley de abastecimiento

Por Mariano Fernández

La historia del (des) abastecimiento

Fijar normas para regular el intercambio de bienes o servicios, no es algo nuevo en la historia de la humanidad. En el código de Hammurabi, unos mil setecientos años antes de Cristo, se dictaron por primera vez las bases de estas regulaciones. Los romanos, bajo Diocleciano en el año 301, tuvieron un problema bastante actual: inflación. Su moneda, el denario, se había devaluado enormemente y la constante de nueva emisión para pagar los sueldos de un ejército gigantesco, detonaron la intervención del emperador. Se sancionó el “Edicto sobre precios máximos”, un código que regulaba rígidamente desde los valores de los productos, el margen de ganancia, los sitios de venta habilitados, basado en la distancia a sus lugares de producción, los fletes marítimos e incluso los salarios. No se detenía en fijar precios, sino también los castigos por infringir la norma, que incluían, claro está, la pena de muerte.

En la Francia de apenas después de la revolución, se suscitaron los mismos problemas de valuación y se impusieron normas que fijaron los precios de alimentos básicos, lo mismo que penas para los infractores, bastante temibles en un país en que el deporte nacional era guillotinar. En estos dos casos bastante documentados, se produjeron los mismos inconvenientes: dificultad en la aplicación y el ocultamiento de los excedentes de los bienes para comerciarlos al margen de la ley, es decir, el mercado negro. También en ambos casos se fijaron precios máximos para los salarios, por lo que la capacidad real de compra del pueblo, disminuyó.

En la actualidad, muchos países del mundo tienen leyes de defensa del consumidor, que regulan los precios máximos de bienes y servicios. Alemania, Estados Unidos, por citar a dos de larga tradición de economía capitalista. En Latinoamérica, en Brasil y Chile, existen leyes similares. En general, la aplicación de tales medidas obedeció siempre a detener crisis inflacionarias, con excepciones en los países con economías fuertes, donde se la utiliza para evitar los monopolios, siempre y cuando afecten a los intereses de la nación. Así la Unión Europea sancionó a Microsoft en un caso de millones de dólares de multas por generar competencia desleal con empresas desarrolladoras de software de navegación por internet. Microsoft pagó las multas, pero mantuvo el monopolio. 

En Argentina, ayer  

En Argentina durante el gobierno de Yrigoyen se sancionó la ley de emergencia  11.157, que fijaba topes para los precios de los alquileres. La Corte Suprema refrendó la medida, aunque no por unanimidad. El juez Antonio Bermejo, en disidencia, expresó su temor de que sería el puntapié para que el Estado controle la industria y al propio capital. Un temor de clase.

Durante el gobierno de Illia, también se promovió una ley similar, apoyada en algunos puntos fundamentales, como la creación de mercados centrales, penas de prisión para aquellos que violen la reglamentación y la facultad del Poder Ejecutivo de realizar allanamientos en locales comerciales o industrias. Más acá, en el 74, se sanciona la ley actual que regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga directa o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población”. En un análisis rápido, notaremos que por cada gobierno constitucional que intentó impulsar un control de stocks, vino un gobierno de facto que derogó la constitución y con ella, tales leyes; tomando políticas económicas que favorecieron la consolidación de monopolios.

En Argentina, hoy

El paquete de medidas lanzadas por CFK y enviadas al congreso, consta de tres proyectos: el más substancial son modificaciones a la ley de 1974; otro es la creación de un fuero del consumidor; y el último un observatorio de precios. La causa entre líneas, del impulso de éstos, es la inflación que el gobierno niega sistemáticamente. El fracaso de los precios cuidados, las cercanías de las políticamente tormentosas fiestas de fin de año y un escenario complejo para el oficialismo en el 2015 electoral, son brasas que se intentan apagar con estas medidas.

El control de abastecimiento incluye cláusulas turbias, como el artículo 12 en su inciso B, donde se autoriza a realizar allanamientos sin orden judicial. La crítica más sencilla a la ley, es que sin tocar los resortes de la economía de mercado, fijar precios máximos implicaría causar desabastecimiento por aumento de la demanda. Una medida más simple y eficaz sería subir sueldos mínimos. Superficialmente, la sanción de esta ley, le daría al gobierno una herramienta más con la que golpear a grupos económicos adversarios o sin una posición afín.

La realidad es que un limón en Tucumán vale un 600 % menos que en las verdulerías.  En el mostrador, la carne, el pan y la leche, multiplican varias veces el valor que percibe el productor. Fijar precios máximos, garantizar el abastecimiento y por supuesto limitar la ganancia de intermediarios, son medidas claves. Pero no basta con ellas cuando la orientación de un modelo de exportación de materias primas y commodities, atraviesa la economía nacional y sostiene impositivamente el pago de la deuda externa, entre otras cosas.

La historia nos tiende una trampa. Pensarla tal vez como un ciclo que tiende a repetirse, subestimando así la capacidad de la propia humanidad de avanzar y negar los saltos históricos y sociales, pero fundamentalmente los cambios de relaciones entre los productores, los empresarios y el pueblo. Cada aplicación de estas medidas, fue desde arriba hacia abajo. El mercado es el que decide qué, cuánto y para quiénes se produce. Producimos millones de toneladas de alimentos, en un país donde hay hambre y desnutrición. Producimos soja, en un país que no se alimenta de ella. La disminución en la  producción de cereales como el maíz y el trigo, con sus elevados costes, insumos en dólares y la merma en el número de vientres en ganadería, son consecuencias de carencias de políticas económicas agrarias. Se producen minerales pero son exportados, lo mismo hidrocarburos y productos semielaborados, todo ello impulsado por el dólar favorable al exportador. Si el pueblo decidiera qué, cómo y para quién se produce, satisfaciendo las necesidades básicas de la misma población, y no se utilizaran leyes como herramientas de cambio en la negociación con grupos adversarios, la legislación en cuanto a abastecimiento, e incluso la causa que origina dichas normas –esto es, la inflación-, desaparecería.