Ley de hidrocarburos

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

El 30 de octubre se sancionó la nueva ley de hidrocarburos en el senado nacional. El margen ajustado de la votación indica que desde el tratamiento de la misma estamos ante algo polémico. Se aprobó por 130 votos positivos conseguidos por los 116 propios del FpV más 14 votos de aliados, frente a los 116 votos en contra de los legisladores de todo el arco opositor. Con argumentos encendidos, a favor y en contra, luego de una sesión de 15 horas, el resultado tiene implicancias a mediano y largo plazo que vale la pena analizar.

Por Mariano Fernández

Idas, vueltas e idas

Desde la privatización de YPF en los noventa, con apoyo de los gobernadores de las provincias productoras de petróleo, fueron aumentando las ventajas dadas a las concesionarias de los yacimientos. Un ejemplo de esto fue durante el gobierno de la Alianza, en el que se extendió el periodo de explotación del yacimiento por 30 años.  Recordemos algunas aburridas leyes. La ley madre es la N° 17.319, sancionada en 1967 tuvo varias modificaciones, luego de la privatización de la petrolera nacional. La llamada “ley corta” ó 26.167 del 2006, que otorgaba a las provincias el dominio de los yacimientos, pero reservaba para el estado nacional el dictado de las políticas energéticas (recuerden este detalle). Desde la adquisición de YPF por Repsol en 1998, hasta el 2011, las reservas de hidrocarburos de la empresa decayeron en un 54 % para el petróleo y un 97 % para el gas. Eso, además de que no se estaba cumpliendo con el plan de reinversión pactado, dado que se utilizaba el 0,2 % de las utilidades en este fin, hecho escandaloso si se tiene en cuenta que YPF representaba el 15 % del volumen de ganancias del grupo Repsol, fueron los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional para sancionar la ley 26.741/12, o “Ley de soberanía hidrocarburífera”. Lo que el gobierno de CFK presentó como una expropiación, no fue tal, ya que luego se indemnizó a Repsol con cinco mil millones de dólares en efectivo más otro tanto en bonos a diez años, lo que determina aproximadamente un desembolso final de unos quince mil millones de billetes.

Dale gas

Luego de esta ley, el Estado pasó a controlar el 51 % de las acciones de la empresa, pero el 25% aún pertenecía al grupo Petersen, del empresario Enrique Eskenazi. Para complejizar más el horizonte, se sancionan en 2013 otros dos decretos (927 y 929) que “amplían estímulos para atraer inversiones” y constituyeron la base del convenio celebrado entre YPF y Chevron para explotar Loma Campana. Más recientemente se celebró otro acuerdo similar con Petronas, otra empresa del sector, con dos puntos muy criticados: las cláusulas secretas y el establecimiento de jurisprudencia off shore. Más claro, los argentinos no podemos conocer todos los términos de los acuerdos y en el caso de litigio, las cortes que definirán las disputas, están muy lejos de los tribunales argentinos. Como ejemplo de esto, la corte suprema de Estados Unidos falló en contra de Bridas, una petrolera argentina demandada por su par británica BP. Como atenuante de la apelación está el precedente de que BP le vende a Argentina gas a 17 dólares, cuando Chile o República Dominicana pagan 11 por el mismo volumen. Los resultados finales de todo esto, nuevamente se resumen en números: Argentina, lejos de tener soberanía energética, importa energía, principalmente gas; se especula que por quince mil millones de dólares para este año (en el 2012 y 2013, se importaron por 9.267 y 11.415 millones de dólares, respectivamente) y aun con un déficit que limita la distribución y conexión de nuevas bocas en la red de gas y los cortes de suministro eléctrico en verano. Más inexplicable, es que aun así, Argentina hasta hace unos años exportaba gas a Chile, importando gas boliviano.

La ley, la trampa

En este marco, con una imposibilidad práctica de autoabastecimiento de combustibles fósiles, y con el precio en el surtidor un 60 % más caro con respecto al año anterior, el gobierno nacional intervino con el proyecto que luego se convirtió en ley, conocida como Ley de Hidrocarburos, que viene a modificar esencialmente los dos decretos mencionados más arriba. Con el objetivo de lograr la reinversión que permita paliar el déficit y conseguir así el tan ansiado autoabastecimiento. Para ello, se amplían los beneficios a las concesionarias. Las exenciones impositivas para importar material y bienes de capital son un punto no menor, que atentaría contra el desarrollo industrial local. Pero, palidecen en virtud de dos modificaciones esenciales: por un lado, la disminución del canon de inversión exigido de 1000 millones a 250. Y por otro, la creación de un techo para las regalías que cobrarían las provincias, hasta un 12 % para la primera concesión y un 18% en la tercera que podría fluctuar hasta un 5 %, dependiendo del tipo de explotación. La Ley no prevé un piso de este porcentaje; para comparar, el mínimo es del 50 % en Bolivia y 25 % en Colombia y Venezuela. Las empresas estarán exentas de los sellados provinciales y gozarán del beneficio de un tope del 3 % en ingresos brutos, cuando actualmente en Neuquén, por ejemplo, es del 3.5 %. Los periodos de concesión varían desde los 25 a los 30 años con posibilidad de extensión a 10 años más. Por 45 años en algunos casos, entre el 20 y 60 % de los hidrocarburos podrán ser exportados (si se cumple el autoabastecimiento) y las empresas tendrán libre disponibilidad de las divisas obtenidas por esos medios, esto es, sin retenciones. Contempla también la explotación intensiva de la plataforma continental submarina con profundidades de perforación menores a las permitidas actualmente, lo que aumenta el riesgo de daño al ecosistema, incluyendo técnicas de hidro fractura, el tan mentado “fracking”.

El panorama, parece sombrío y muy lejos de la empresa que soñó el general Mosconi para la petrolera de bandera. Como ejercicio de reflexión podemos traer a colación lo sucedido en Bolivia cuando Evo Morales ocupó las empresas petroleras del oriente de Bolivia con el ejército, y limitó las ganancias de las mismas a un 20 % del total. Las empresas, aun así, se quedaron. Ser como Arabia Saudita, para aquel que lo desee, tiene un precio.