Hay discusiones que atraviesan la historia de nuestro país, llegando hasta la actualidad. Una de ellas es la referida a la compra de tierras por manos y capitales extranjeros. Esto que algunos ven como “progreso”, afecta, sin duda, la soberanía y el interés nacional. Por esta razón, en conmemoración del día mundial de la tierra celebrado el 22 de abril desde 1970, se vuelve imperioso hablar sobre ella.
La tensión fundamental se ciñe a la concentración de tierras por parte de actores económicos muy poderosos, que en gran medida establecen su propiedad sobre territorios que poseen recursos estratégicos (cuencas hídricas, riquezas minerales, tierras fértiles, etc.), y que afectan el ejercicio soberano de la Nación sobre los mismos. Con la injerencia de estos propietarios en el proceso de conformación del Estado nacional y sus leyes, pasando por casos como La Forestal, la extranjerización de la Patagonia promovida por el gobierno de facto de Aramburu, y arribando a un presente de capitales transnacionales de la explotación minera o de exportadoras de agua dulce embotellada, queda evidenciada la relevancia histórica del tema. Aun más complejo es el panorama futuro, considerando las proyecciones de escasez de recursos vitales (agua, alimentos) como indispensables a la demanda voraz del sistema capitalista (recursos energéticos).
Se estima que nuestro país tiene un 10% de su suelo -270.000 km2- vendido a extranjeros y que 32 millones de has. correspondientes a las mejores tierras cultivables están en venta o en proceso de ser vendidas a inversores foráneos. Se debe sumar como agravante aquellas tierras vendidas en las llamadas “zonas de seguridad”. A pesar de existir una ley que reglamenta esta porción de territorio –franja de 150 km desde los límites cordilleranos hacia el centro del país y de 50 km desde las costas, en la misma dirección– que declara de conveniencia nacional que los bienes allí ubicados pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos, entre 1996 y 1998 la Secretaría de Seguridad Interior -organismo que aprueba las transferencias de dominio o arrendamiento- autorizó la compra de 8 millones de has. a extranjeros, particulares o sociedades anónimas. Esta problemática se profundizó con la llegada de Menem al gobierno y su política de rematar todo lo que era patrimonio nacional.
Ya a mediados de los ’50 Raúl Scalabrini Ortiz investigando el período 1922-28, planteaba: “Debe hacerse notar que casi todos los latifundistas y acaparadores, personas o sociedades son extranjeros y que las tierras de referencia están en su gran proporción sobre las fronteras. Como acaparamiento medio puede citarse el caso de Santa Cruz, en donde menos de 70 propietarios poseían 5 millones de has. en propiedad y 6.5 millones de has. fiscales en posesión (…) Las sociedades y las compañías se convirtieron en su mayoría en sociedades anónimas, y la banca, el comercio, el acopio de frutos y la navegación cayeron en las mismas manos, [por lo cual] no es posible pretender ni la libertad ni la seguridad del trabajo y menos aún el arraigo de una población que se sentía dominada y que no podía esperar una recompensa como fruto de su afán, sino cuando más, dádivas de sus señores”.
Entre los pensadores se da un debate paradigmático entre Alberdi, que consideraba que el país debía darle no sólo tierras sino garantías al capital extranjero porque traería aparejado el “progreso”; y Hernández, quien sostenía que la tierra debía ser para los hijos del país, como respuesta a la inseguridad y a la falta de trabajo.
Dicho debate sigue vivo. En marzo de este año ingresaron al Congreso Nacional dos iniciativas para limitar la extranjerización de la tierra. Tratarlos, sería un muy buen primer paso, quedando como materia pendiente la regulación del uso y la limitación de la concentración del suelo nacional.
Los datos fueron extraídos de “La Patagonia vendida” de Gonzalo Sánchez y de “Bases para la Reconstrucción Nacional” de Raúl Salabrini Ortiz.
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